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Publicado en: 06/08/2019

Brasil - ¿Rumbo a un apagón estadístico?

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André Antunes - EPSJV/Fiocruz

El cuestionario que será aplicado en el Censo Demográfico 2020 fue divulgado la semana pasada, en medio a un embate entre el cuerpo técnico y la dirección del Instituto Brasileño de Geografía y Estadística (IBGE) que viene desarrollándose desde principio de año. Recomendada por el ministro de Economía, Paulo Guedes, la nueva presidente del instituto, Susana Guerra, que asumió el cargo a fines de febrero, recibió la tarea de reducir en un 25% el presupuesto del Censo, previsto inicialmente en R$ 3,2 mil millones. La misión fue entregada al economista Ricardo Paes de Barros, del Insper 'Instituto de Ensino e Pesquisa', y no le agradó al cuerpo técnico del IBGE. Desde el anuncio del recorte, la Asociación de los Trabajadores de IBGE (Assibge-SN) venía alertando que una disminución en el cuestionario podría causar el quiebre de series históricas de datos sobre la población brasileña.

De hecho, el cuestionario divulgado por la dirección del IBGE tiene recortes en el número de preguntas en comparación al censo realizado en 2010. Tanto el cuestionario básico, aplicado al 90% de los más de 70 millones de domicilios brasileños, como el de muestra (más completo, aplicado al 10% de los hogares en cada municipio) sufrieron reducción. El cuestionario básico fue reducido de 34 preguntas a 26. El de muestra, que en 2010 tenía 112 preguntas, pasará a tener solo 76 en el censo del año que viene.

Durante audiencia pública en la Comisión de Defensa de los Derechos de la Persona Adulta Mayor en la Cámara de Diputados el día 4 de julio, Susana Guerra argumentó que los recortes en el cuestionario no tienen relación con la reducción en el presupuesto del censo. Según ella, los cambios fueron realizados con el objetivo de reducir el tiempo gastado por el censista durante la visita domiciliaria. Se estima que la duración de la entrevista para el cuestionario básico se reducirá de siete a cuatro minutos, y para el cuestionario de muestra se reducirá de 24 a 19 minutos. “Con eso conseguimos disminuir el número de censistas y remunerarlos mejor”, afirmó Susana.

La presidencia del IBGE ha argumentado que los ítems recortados del censo son informaciones que se pueden recopilar en encuestas por muestreo, como la Encuesta Nacional por Muestra de Hogares (Pnad Continua) y por registros administrativos como los de la Policía Federal.

Entre los recortes están cuestiones referentes a temas como vivienda, educación, trabajo, ingreso y emigración internacional, entre otros.

Assibge-SN criticó los cambios, que según ella fueron realizados sin la participación del cuerpo técnico involucrado en la elaboración del cuestionario, que incluye, además de servidores del IBGE, encuestadores de universidades y centros de encuesta, integrantes de movimientos sociales y gestores. En nota, la entidad que reúne a los trabajadores del instituto alertó sobre el riesgo de un “apagón estadístico” en la caracterización demográfica del país, con el quiebre de la serie histórica de datos e informaciones que sirven para captar la realidad socioeconómica brasileña.

“La formulación y evaluación de políticas públicas a nivel municipal sufrirá un duro golpe, con consecuencias para la población brasileña y la administración pública para los próximos diez años. Menos capacidad de diagnóstico socioeconómico, de calidad en la estimación poblacional y pérdida irreparable en el diseño de programas públicos”, advirtió la nota.

¿Qué fue recortado?

Uno de los principales puntos criticados por la Assibge fue la exclusión de las preguntas sobre emigración internacional del cuestionario básico y de la muestra. Además, según Dione de Oliveira, Ejecutiva Nacional de la Assibge, el cuestionario básico del Censo 2020 no incorporó cuestiones sobre migración interna, como proponían los técnicos del instituto involucrados en la elaboración del cuestionario, en lo que sería una ampliación del cuestionario básico aplicado en 2010. De esa forma, solo el cuestionario de muestra va a incluir preguntas sobre el tema, como fue realizado en el censo de hace una década. “Fueron realizados estudios a lo largo de la década que indicaron que para la medición adecuada de ese movimiento que impacta en la estimación de la población sería muy positivo si la migración hubiese entrado en el cuestionario básico, lo que no sucedió”, lamenta Dione.

Según la asociación, la exclusión puede generar distorsiones en las proyecciones de la población que reside en el país y que son realizadas entre un censo y otro, en que una de las variables es la inmigración. Las proyecciones de población sirven de base para el cálculo de las transferencias federales a fondos como el de Participación de los Municipios (FPM) y de los Estados (FPE) y están entre los principales objetivos de judicialización en torno al censo, según Dione. “Sucede mucho que un municipio cambie el nivel de población y termine perdiendo ingresos del fondo. Cuando es así, ellos van a la Justicia contra el IBGE. La tendencia es que eso se agrave”, evalúa ella. Un quinto del FPM y del FPE son destinados al Fondo de Mantenimiento y Desarrollo de la Educación Básica y Valorización de los Profesionales de la Educación (Fundeb), principal fuente de recursos para ese nivel de enseñanza en Brasil.

Fueron realizadas modificaciones también en los requisitos que miden el impacto de políticas de reducción de la pobreza y de la desigualdad. El requisito ingreso en el cuestionario básico será aplicado solo al llamado “responsable” por el hogar. En 2010, todos los habitantes mayores de diez años informaban sus ingresos.

En el bloque sobre los ingresos de otras fuentes en el cuestionario de la muestra, lo que en el censo de 2010 fue dividido en cuatro preguntas pasa a ser una sola en el censo de 2020. De esa forma, ya no es posible identificar la fuente de ese ingreso: si es de jubilación, de programas como Beca Familia, de beneficios de la Previsión Social, como el seguro desempleo y Beneficio de Prestación Continuada (BPC), o de aplicaciones financieras y alquiler. “Estudios de desigualdad intramunicipales serán más frágiles sin una medición adecuada del ingreso de la población”, alertó la nota de Assibge.

El cuestionario de la muestra también deja de investigar la presencia de bienes como televisión, teléfono, heladera, motocicleta y automóvil en los hogares, restando solo preguntas sobre la presencia de máquina de lavar y acceso a internet. “Recopilar esta información al nivel de sector censal y en la zona rural es fundamental para identificación de los bolsones de desigualdades sociales en los municipios, sobre todo en ese momento en que hay indicios de que hay un número creciente de familias que vuelven a usar leña para preparar alimentos”, destacó la nota.

Otra pérdida señalada por el sindicato de los trabajadores del IBGE tiene relación al cálculo del déficit habitacional. Eso porque el cuestionario básico del censo dejará de identificar los hogares cuyos habitantes pagan alquiler. El cuestionario de la muestra va a dejar de preguntar el valor del alquiler pagado, como en 2010. El gasto excesivo en alquiler (o sea, las familias con ingreso de hasta tres salarios mínimos y gasto superior al 30% del ingreso familiar) corresponde actualmente a más de la mitad del déficit habitacional en el país, según los últimos datos divulgados por la Fundación João Pinheiro, referentes a 2018. 

Tampoco será posible identificar, en el caso de los habitantes que van a la guardería o jardín de infantes, escuela o enseñanza superior, si la red de enseñanza es privada o pública. “Ese requisito es fundamental para caracterizar al estudiante y la red de enseñanza que frecuenta, además de identificar lugares (municipios, barrios) donde hay necesidad de ampliar la red pública”, señaló la nota de Assibge.

Pérdidas para la seguridad social

Investigadores escuchados por el Portal EPSJV/Fiocruz ven riesgos de que los cambios representen un retroceso para las áreas de seguridad social y educación. Profesora investigadora de la EPSJV/Fiocruz, Martha Sharapin destaca que, aunque no haya muchas cuestiones específicas sobre salud en el censo, es fundamental en el cálculo de indicadores como la cobertura de vacunación y las tasas de incidencia y prevalencia de varias afecciones. “Los datos del censo son, también, utilizados para el pago de varios procedimientos realizados por el Sistema Único de Salud, además de permitir conocer las condiciones de vida de la población y la identificación de grupos más vulnerables que necesitan de políticas más específicas de igualdad para garantizar sus derechos”, explica. Para ella, los recortes anunciados en el cuestionario van a dificultar el cálculo de las proyecciones de población, así como la construcción de un perfil social y económico de la población brasileña.

La demógrafa Dalia Romero, investigadora del Instituto de Comunicación e Información Científica y Tecnológica (Icict/Fiocruz), concuerda. Según ella, los recortes en los requisitos sobre migración y emigración pueden generar distorsiones en las proyecciones poblacionales y causar un efecto dominó sobre varios relevamientos en el área de la salud que tiene como base la investigación. “El censo del IBGE es la matriz para calcular las muestras de cualquier encuesta de salud, sea en el ámbito de seguridad alimentaria, de la Política Nacional de Salud, etc. Para eso es necesario tener mucha claridad de cuál es la población de los municipios. Si elimina una información fundamental para la estimación poblacional nuestra hipótesis es que tendrá muchos más errores en el cálculo”, señala. 

La investigadora también critica el hecho de que solo el ingreso de la persona responsable del hogar se obtendrá en el Censo 2020. “En el área de salud se deben estudiar indicadores de pobreza y necesitamos la información del ingreso de cada integrante del hogar. Un adulto mayor puede hasta ganar más y no ser el jefe del hogar, porque el jefe es el marido de la hija, por ejemplo. El adulto mayor puede haber ido a vivir a su casa, y usted lo ayuda en su cuidado y él va a darle una ayuda económica, pero usted es el jefe. Eso es un ejemplo de la dificultad para definir quién es la persona responsable en el hogar”, reflexiona Dalia.

Según ella, el ejemplo de los adultos mayores es importante para analizar el impacto de otro cambio en el censo, que fue el recorte de las preguntas que permitían, en el cuestionario de la muestra, identificar si los habitantes de determinado hogar recibían beneficios como el BPC y la Beca Familia.

En el cuestionario del Censo 2020 divulgado la semana pasada, varios beneficios ligados a programas sociales fueron agrupados en un mismo requisito, que reúne también ítems como jubilación, alquiler e ingresos con aplicaciones financieras. “A partir de la segunda década del año 2000, aumentó mucho la cobertura del Beneficio de Prestación Continuada. Tenemos trabajos que muestran que los hogares donde hay adultos mayores que reciben BPC son menos pobres. Y ¿cómo sabemos eso? Con el censo. Es nuestra única fuente. Es algo que ya no tendremos forma de saber”, lamenta Dalia.

La justificación dada por la dirección del IBGE, de que las informaciones recortadas del censo pueden ser obtenidas en otras fuentes, no convence a la investigadora de Fiocruz. “Lo que argumentan es que lo que fue recortado puede ser obtenido en encuestas como la PNAD [Encuesta Nacional por Muestra de Hogares]. Pero ninguna encuesta va a dar un dato municipal, que es donde está la principal pobreza del país. Nunca van a tener esa información en una encuesta de hogares”, afirma.

Además, destaca la investigadora, es importante desde el punto de vista de las encuestas que trabajan con datos del censo, reunir en una misma base de datos el máximo posible de información sobre la población. “Si fracciona la información por encuestas diferentes, no va a poder trazar el perfil de la población en un territorio, porque son diferentes fuentes de información que muchas veces no conversan. Estamos camino a tener un país desinformado, y la desinformación no colabora con la salud pública brasileña”, resalta.

Pérdidas para la educación

Desde el punto de vista de la política educativa, los recortes también generan preocupación. Según la coordinadora del Laboratorio de Datos Educativos de la Universidad Federal de Paraná (UFPR) Gabriela Schneider, el censo es importante, por ejemplo, para calcular datos como el promedio de años de estudio de la población y la cantidad de personas sin escolarizar, que el censo aún permite cotejar con los ingresos. “Gracias al censo logramos tener un diseño de acceso y calidad, para ayudar a pensar y evaluar la política educativa, o cuanto ella está, o no, llegando a la población en los municipios”, explica la encuestadora.

El monitoreo de las metas del Plan Nacional de Educación (PNE), cuya vigencia es hasta 2024, depende de la precisión de los datos del censo, de acuerdo con Gabriela. Ella da el ejemplo de la educación infantil, que sería un importante cuello de botella. El PNE prevé que el 50% de los niños de cero a tres años estén en guardería para 2024. Y ¿cómo hace eso si no sabe ni cuántos niños hay en el municipio? No se puede pensar en política pública sin la utilización de esos datos. Y solo el censo del IBGE permite llegar al ámbito municipal”, afirma Gabriela.

Para ella, el recorte de requisitos respecto al ingreso también es un problema para la educación. “Investigadores han hecho muchas comparaciones con respecto al ingreso y al acceso a la educación, y lo que percibimos es que la población que menos tiene acceso es también la más pobre. En el censo anterior había un detalle mayor con relación al ingreso, a los beneficios de programas sociales. Sin eso no será posible hacer análisis más complejos sobre esa relación”, alerta.

La investigadora de la UFPR considera que el quiebre de series históricas en el censo es una pérdida grave para los científicos y también para los administradores que trabajan con los datos del censo. “Para quien hace estudios históricos es un problema, de repente, dejar de hacer una pregunta. Esa es una de las principales bases para pensar política pública en Brasil. Todos dicen que necesitamos hacer políticas eficientes, pero para eso necesitamos tener noción de cómo es la población, cuáles son sus características, cuál es su realidad. ¿Será que el impacto financiero es tan alto que justifique esos recortes?”, cuestiona Gabriela. 

Incertidumbres

La previsión es que el cuestionario divulgado la semana pasada sea aplicado en el Censo Experimental, que se realiza en la ciudad de Poços de Caldas (MG) entre septiembre y octubre. El Censo 2020 está previsto para comenzar en septiembre del año que viene y debe llevar tres meses para ser concluido. Pero aún hay incertidumbres.

Según Dione de Oliveira, la categoría debe continuar movilizada para intentar garantizar que el Censo 2020 suceda según lo planeado por el cuerpo técnico del IBGE. “No se puede desconsiderar todo un proyecto que es de, por lo menos, 2016, para hacer algo completamente nuevo. No se pueden cambiar metodologías tan cerca de la operación del censo, que tiene por definición un período de madurez largo. Es una irresponsabilidad”, critica.

También de acuerdo con la representante de Assibge-SN, una de las referencias de la audiencia pública realizada el día 4 para debatir los recortes en el cuestionario fue que la Comisión en Defensa de la Persona Adulta Mayor presentaría una enmienda durante la votación de la Ley de Directivas Presupuestarias (LDO) para garantizar el presupuesto inicialmente previsto para el Censo 2020, de alrededor de R$ 3,2 mil millones. 

El diputado Marcelo Freixo (PSOL-RJ) informó, después de la realización de la audiencia, que accionaría ante el Ministerio Público Federal (MPF) para impedir los recortes presupuestarios. En mayo, el MPF había enviado un oficio a la presidencia de la IBGE solicitando informaciones sobre el proceso de elaboración del cuestionario.

De acuerdo con Dione, también hay incertidumbre con relación al contenido de una investigación que se realiza paralelamente al censo e investiga las condiciones del entorno de la vivienda, como pavimento, arborización, acceso, movilidad urbana, iluminación, entre otras. “La investigación del entorno es un conjunto de características que son importantes para la planificación de la ciudad, para la cuestión urbana. Había sido recortada, pero con nuestro movimiento y la presión de los técnicos, volvió. No estamos seguros de qué se recopilará, efectivamente”, dice Dione.

El Portal EPSJV/Fiocruz envió preguntas presentadas por los encuestadores a la asesoría de prensa del IBGE, pero no obtuvo respuesta hasta el cierre de este reportaje.

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