“Por casi una década, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) ha posicionado a la igualdad como fundamento del desarrollo. Hoy constatamos nuevamente la urgencia de avanzar en la construcción de Estados de Bienestar, basados en derechos y en la igualdad, que otorguen a sus ciudadanos y ciudadanas acceso a sistemas integrales y universales de protección social y a bienes públicos esenciales, como salud y educación de calidad, vivienda y transporte. El llamado es a construir pactos sociales para la igualdad”, dijo ayer Alicia Bárcena, Secretaria Ejecutiva del organismo regional, durante el lanzamiento del informe Panorama Social de América Latina 2019.

La disminución de la desigualdad de ingresos es clave para retomar la senda de reducción de la pobreza y cumplir las metas establecidas en el Objetivo de Desarrollo Sostenible 1 de la Agenda 2030. “Es necesario crecer para igualar e igualar para crecer. La superación de la pobreza en la región no exige solamente crecimiento económico; este debe estar acompañado por políticas redistributivas y políticas fiscales activas”, dice la CEPAL en el estudio presentado en conferencia de prensa hoy en Santiago de Chile.

El documento destaca el crecimiento de los estratos de ingresos medios, aunque estos siguen experimentando diversas carencias y vulnerabilidades, tanto en relación con sus ingresos como en el ejercicio de sus derechos, alerta la Comisión. Entre 2002 y 2017, la participación de los estratos de ingresos bajos en el total de la población disminuyó de 70,9% a 55,9% (porcentaje que incluye a las personas en situación pobreza extrema, pobreza y en estratos bajos no pobres). A su vez, la participación de los estratos de ingresos medios (divididos en medios-bajos, medios-intermedios y medios-altos) creció del 26,9% al 41,1%. De esta forma, el 76,8% de la población de América Latina pertenece a estratos de ingresos bajos o medios-bajos, subraya la CEPAL. Por último, las personas pertenecientes a los estratos de ingresos altos pasaron del 2,2% al 3,0%.

Del total de la población adulta perteneciente a los estratos de ingresos medios, más de la mitad no había completado la enseñanza secundaria en 2017; el 36,6% se insertaba en ocupaciones con alto riesgo de informalidad y precariedad (trabajadores por cuenta propia no profesionales, asalariados no profesionales en la microempresa y en el servicio doméstico); y solo la mitad de las personas económicamente activas estaba afiliada o cotizaba en un sistema de pensiones. El perceptor principal de ingresos laborales de estos estratos percibe en promedio 664 dólares mensuales, mientras que en los estratos bajos este ingreso desciende a 256 dólares. Así, el informe evidencia que una alta proporción de la población de ingresos medios experimenta importantes déficits de inclusión social y laboral y un alto grado de vulnerabilidad a volver a caer en la pobreza ante cambios provocados por el desempleo, por la caída de sus ingresos u otros eventos catastróficos como enfermedades graves y desastres.

Siguiendo la tendencia al alza que se registra desde 2015 en América Latina, un 30,1% de la población de la región se encontraba bajo la línea de pobreza en 2018, mientras que un 10,7% vivía en situación de pobreza extrema, tasas que aumentarían a 30,8% y 11,5%, respectivamente, en 2019, según las proyecciones de la CEPAL.

Esto significa que aproximadamente 185 millones de personas se encontraban bajo el umbral de la pobreza en 2018, de los cuales 66 millones de personas estaban en la pobreza extrema, indica el Panorama Social de América Latina 2019. En 2019, el número de personas en la pobreza aumentaría a 191 millones, de los cuales 72 millones estarían en la pobreza extrema. Destaca, en esa evolución, el hecho de que prácticamente todas las personas que se suman este año a la estadística de la pobreza se integran directamente a la pobreza extrema. 

El alza de 2,3 puntos porcentuales de la pobreza entre 2014 y 2018 en el promedio regional se explica básicamente por el incremento registrado en Brasil y Venezuela. En el resto de los países la tendencia dominante en ese período fue hacia una disminución, debido, principalmente, a un aumento de los ingresos laborales en los hogares de menores recursos, pero también a transferencias públicas de los sistemas de protección social, y privadas, como las remesas en algunos países. La pobreza afecta mayormente a niños, niñas y adolescentes, mujeres, personas indígenas y afrodescendientes, a los residentes en zonas rurales y a quienes están desempleados.

El estudio de la CEPAL también señala que la desigualdad en la distribución del ingreso -expresada en el índice de Gini con base en las encuestas de hogares- ha continuado su tendencia a la baja (en promedio cayó de 0,538 en 2002 a 0,465 en 2018 en 15 países), pero a un ritmo menor que en años recientes:  mientras entre 2002 y 2014 se redujo 1,0% anual, entre 2014 y 2018 la caída fue de 0,6% por año. No obstante, si se corrige el índice de Gini utilizando otras fuentes de información, capaces de captar mejor los ingresos del 1% más rico, se observa que la desigualdad es más elevada y la tendencia al descenso se atenúa en comparación con la estimada solamente a partir de las encuestas de hogares.

Por ejemplo, en Brasil, en 2014, la participación del 1% más rico en el total del ingreso del país alcanzaba a 9,1% de acuerdo con las encuestas de hogares, porcentaje que se elevaba a 27,5% tomando en cuenta la información tributaria. En Chile (dato para 2015), la participación del 1% más rico en el ingreso total, también medida por las encuestas de hogares, alcanzaba a 7,5%, proporción que subía a 22,6% considerando la información de los registros tributarios y a 26,5% en el caso de la riqueza neta (activos financieros y no financieros menos pasivos) y en Uruguay (dato para 2014) las proporciones también aumentan: 7,3% (con encuestas de hogares), 14% (información tributaria) y 17,5% (riqueza neta).

Por otra parte, el Panorama Social de América Latina 2019 señala que el gasto social del gobierno central aumentó de 10,3% a 11,3% del PIB entre 2011 y 2018, alcanzando a 52,5% del gasto público total. América del Sur tiene el promedio de gasto público social más alto de la región (13,2% en 2018), mientras que en Centroamérica, México y República Dominicana esa cifra es de 9,1%. En el Caribe, el gasto social promedio respecto al PIB es más alto (12,2%), pero en 2018 volvió a niveles de 2014, con un peso equivalente a 43,2% del gasto público total. El estudio alerta que justamente aquellos países que enfrentan mayores desafíos para cumplir las metas de la Agenda 2030 son los que presentan niveles más bajos de gasto social.

Finalmente, el documento llama a atender las causas estructurales de la migración y a reforzar la cooperación multilateral para asegurar la protección social y la inclusión social y laboral de las personas migrantes en todas las etapas del ciclo migratorio. Entre 2010 y 2019, el número de personas migrantes en América Latina y el Caribe aumentó de 30 a 40,5 millones, lo que equivale a 15% del total de migrantes a nivel mundial. Entre 2000 y 2019, la proporción de migrantes intrarregionales aumentó de 57% a 70% del total.

Las remesas desempeñan un papel importante en el alivio de la pobreza en varios países, plantea el documento. En El Salvador, Guatemala, Honduras y República Dominicana, la incidencia de la pobreza sobre el total de la población sería entre 1,5 y 2,4 puntos porcentuales más elevada si no fuera por estas transferencias de dinero.

En el informe, la CEPAL enfatiza que para erradicar la pobreza y reducir la desigualdad y la vulnerabilidad de los estratos de ingresos bajos y medios son necesarias políticas de inclusión social y laboral. También se requiere un mercado de trabajo que garantice empleo de calidad y remuneraciones dignas, eliminar las barreras de inserción laboral de las mujeres y fortalecer el desarrollo de sistemas integrales y universales de protección social en el marco de Estados de Bienestar centrados en los derechos y la igualdad.